El usuario propietario de un corralón de madera en Viedma contrató los servicios de seguridad privada del Grupo Securitas.
En agosto de 2016 se produjo un robo durante la noche, pero la alarma instalada por Securitas no se activó.
El usuario perjudicado, radicó la denuncia en la Agencia de Recaudación Tributaria por el incumplimiento a la seguridad contratada.
El organismo inició un expediente y en su descargo Securitas no dio las justificaciones suficientes sobre el incumplimiento de la seguridad que vende.
El organismo le impuso una multa de $ 30.000 por infracción al Art. 4 y 19 de la Ley de Defensa del Consumidor.
Securitas disconforme, apeló la resolución a la justicia.
La Cámara de Apelaciones de Viedma, en el mes de diciembre de 2020, ratificó la multa.
Y Securitas deberá pagar.
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En agosto de 2016 se produjo un robo durante la noche, pero la alarma instalada por Securitas no se activó.
El usuario perjudicado, radicó la denuncia en la Agencia de Recaudación Tributaria por el incumplimiento a la seguridad contratada.
El organismo inició un expediente y en su descargo Securitas no dio las justificaciones suficientes sobre el incumplimiento de la seguridad que vende.
El organismo le impuso una multa de $ 30.000 por infracción al Art. 4 y 19 de la Ley de Defensa del Consumidor.
Securitas disconforme, apeló la resolución a la justicia.
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